Samuel Huntington. Las olas de democratización

La primera ola de democratización.

La primera ola tiene sus raíces en las revoluciones norteamericana y francesa. La aparición actual de las instituciones democráticas, sin embargo, es un fenómeno propio del siglo XIX. En la mayoría de los países, durante ese siglo, se desarrollan gradualmente las instituciones democráticas, y por eso resulta difícil, así como arbitrario, especificar una fecha precisa a partir de la cual un sistema político pueda ser considerado democrático. Sin embargo, Jonathan Sunshine presenta dos criterios extensos para establecer cuándo los sistemas políticos del siglo XIX alcanzan una calificación democrática mínima en el contexto de ese siglo: (1) el 50 % de los varones pueden ser elegidos para votar y (2) un Poder Ejecutivo responsable, que debe mantener el apoyo de la mayoría en un Parlamento elegido, o al que se elige en elecciones populares periódicas. Si adoptamos estos criterios y los aplicamos de forma bastante amplia, podremos decir que los Estados Unidos comenzaron la primera ola de democratización aproximadamente en 1828. La abolición de las calificaciones según la propiedad, en los estados más antiguos; y la admisión de nuevos estados con sufragio universal masculino elevaron por encima del 50 % la proporción de varones blancos que votaron en aquella elección presidencial de 1828. En las décadas siguientes, otros países ampliaron progresivamente el sufragio, redujeron la pluralidad de votos, introdujeron el sistema de voto secreto y establecieron la responsabilidad del primer ministro y gabinetes parlamentarios. Suiza, los dominios ingleses de ultramar, Gran Bretaña y varios países europeos más pequeños hicieron su transición hacia la democracia antes de que cambiara el siglo. Poco antes de la Primera Guerra Mundial, Italia y Argentina introdujeron regímenes más o menos democráticos. Tras esta guerra se democratizaron los países que acababan de independizarse, Irlanda e Islandia, y se produjeron movimientos de masas en pro de la democracia en los estados que sucedieron a los imperios de los Romanov, Habsburgo y Hohenzollem. A principios de los arios treinta, tras el fin de la primera ola, España y Chile se añadieron a las filas democráticas. En total, en el curso de unos cien arios, más de treinta países establecieron, por lo menos mínimamente, instituciones nacionales y democráticas. En 1830, Tocqueville predijo este movimiento cuando empezaba. En 1920, James Bryce revisó su historia, y dedujo que "el movimiento hacia la democracia, hoy ampliamente visible, es un movimiento natural, debido a una ley general del progreso social".

La primera contraola.

A pesar de la especulación de Bryce sobre su futuro, el movimiento hacia la democracia estaba reduciéndose en países previamente democráticos y cambiaron de signo. Estos cambios de régimen reflejaban el desarrollo de ideologías comunistas, fascistas y militaristas. En Francia, Gran Bretaña y otros países, donde las instituciones democráticas lograron sobrevivir, los movimientos antidemocráticos ganaron fuerza a partir del progresivo aislamiento de los años veinte y la posterior depresión económica. La guerra, que había sido llevada a cabo para salvar al mundo en pro de la democracia, solamente había conseguido incentivar las contradicciones entre la derecha y la izquierda que intentaban destruirlo.

La segunda ola de democratización.

Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar una segunda ola de democratización. La ocupación aliada promovió la instauración de instituciones democráticas en Alemania Occidental, Italia, Austria, Japón y Corea, mientras que la presión de la Unión Soviética acabó con la incipiente democracia en Checoslovaquia y en Hungría. En Latinoamérica, Uruguay volvió a la democracia durante la guerra y Brasil y Costa Rica se volcaron a la democracia a fines de los arios cuarenta. En otros cuatro países latinoamericanos —Argentina, Colombia, Perú y Venezuela— las elecciones de 1945 y 1946 instauraron gobiernos elegidos por el pueblo. En esos cuatro países, sin embargo, las prácticas democráticas no perduraron, y a comienzos de los arios cincuenta se habían instaurado dictaduras. Hacia fines de los años cincuenta, Argentina y Perú volvieron hacia una democracia limitada que fue, sin embargo, muy inestable, como consecuencia del conflicto entre las fuerzas armadas y los movimientos populistas aprista y peronista. También hacia fines de los arios cincuenta en contraste, las elites de Colombia y Venezuela establecieron negociaciones para terminar con las dictaduras militares en esos países e introducir instituciones democráticas duraderas. Mientras tanto, el comienzo del fin del gobierno colonialista occidental produjo gran número de nuevos estados. En muchos de ellos no se hicieron verdaderos esfuerzos para establecer instituciones democráticas. En algunos la democracia fue débil: en Paquistán, por ejemplo, las instituciones democráticas nunca fueron efectivas, y fueron formalmente derogadas en 1958. Malasia se independizó en 1957, y mantuvo su "quasi democracia", excepto durante un período breve de gobierno de emergencia, entre ,1969 y 1971. Indonesia tuvo una confusa forma de democracia parlamentaria entre 1950 y 1957. En pocos estados nuevos —India, Sri Lanka, Filipinas, Israel— las instituciones democráticas se mantuvieron durante una década o más, y en 1960 el estado más grande de Africa, Nigeria, comenzó su vida democrática.

La segunda contraola.

A comienzos de los años sesenta, la segunda ola de democratización se había extinguido. A fines de los arios cincuenta el desarrollo político y los regímenes de transición estaban adquiriendo un cariz fuertemente autoritario. El cambio fue notorio en América latina. El giro hacia el autoritarismo comenzó en Perú, en 1962, cuando las fuerzas armadas intervinieron para cambiar el resultado de unas elecciones. Al año siguiente, un civil conveniente para los militares fue elegido presidente, pero fue derrocado por un golpe militar en 1968. En 1964, golpes militares derrocaron a los gobiernos civiles de Brasil y Bolivia. Siguieron Argentina en 1966 y Ecuador en 1972. En 1973 se impusieron regímenes militares en Uruguay y en Chile. Los gobiernos militares de Brasil, Argentina y, de forma más discutible, Chile y Uruguay, fueron ejemplos: acordaron sostener la teoría de un nuevo tipo de sistema político, "el autoritarismo burocrático". En Asia, en 1958 las fuerzas armadas impusieron en Pakistán el régimen de ley marcial. A fines de los arios cincuenta, Syngman Rhee comenzó a minar los procedimientos democráticos en Corea, y el régimen democrático que lo sucedió fue destituido por un golpe militar en 1961. Este nuevo régimen "semiautoritario" fue legitimado por las elecciones de 1963, pero en 1973 se convirtió en un régimen fuertemente autoritario. En 1957, Sukarno reemplazó la democracia parlamentaria por una democracia controlada, y en 1965 las fuerzas armadas indonesias terminaron con ella y toma- ron el gobierno de su país. En 1972, el presidente Ferdinand Marcos estableció un régimen de ley marcial en Filipinas, y en 1975 Indira Gandhi suspendió los procedimientos democráticos y declaró un gobierno de emergencia en la India. En Taiwan, el régimen no democrático del KIN,IT había tolerado a los disidentes liberales durante los arios cincuenta, pero en la "época negra" de 1960 los suprimió y se silenció "toda clase de discurso político"

En la zona mediterránea, la democracia griega cayó antes de que tuvieran lugar un golpe de estado "real" en 1965 y un golpe militar en 1967. Las fuerzas armadas turcas derrocaron al gobierno civil de su país en 1960, devolvieron la autoridad a un gobierno elegido en 1961, intervinieron otra vez en un "semigolpe" en 1971, permitieron el regreso de un gobierno elegido en 1973 y luego ejecutaron un golpe militar a gran escala en 1980. Durante los años sesenta, varias colonias británicas no africanas obtuvieron su independencia, y establecieron regímenes democráticos que duraron significativos períodos de tiempo. Se trata de Jamaica y Trinidad Tobago en 1962, Malta en 1964, Barbados en 1966 y Mauricio en 1968. Sin embargo, el grueso de los nuevos países que se independizaron en los arios sesenta estuvo en Africa. El más importante de esos países, Nigeria, empezó como una democracia, pero sucumbió a un golpe militar en 1966. El único país africano que mantuvo las prácticas democráticas fue Botswana. Otros treinta y tres países africanos que se independizaron entre 1956 y 1970 se volvieron autoritarios a partir de su independencia, o poco tiempo después. La descolonización de Africa provocó la mayor multiplicación de gobiernos independientes autoritarios de la historia. Entre 1960 y 1970, el movimiento mundial que se apartó de la democracia fue impresionante. En 1962, trece gobiernos eran pro- ducto de golpes de estado en todo el mundo; en 1975, lo eran treinta y ocho. Según otra estimación, un tercio de las treinta y dos democracias activas en el mundo en 1958 se volvieron autoritarias hacia mediados de los arios setenta.  En 1960, nueve de los diez países sudamericanos de origen español tenían gobiernos elegidos democráticamente; en 1973, solamente dos, Colombia y Venezuela, los tenían. Esta ola de cambios no democráticos era más impactante porque implicaba a varios países, como Chile, Uruguay ("la Suiza de Sudamérica"), India y Filipinas, que habían mantenido gobiernos democráticos durante un cuarto de siglo o más. Estos regímenes de transición no solamente estimularon la teoría del autoritarismo burocrático para explicar los cambios de América latina. También produjeron un gran pesimismo en el extranjero respecto de la aplicabilidad de la democracia en los países en desarrollo, y contribuyeron a la preocupación sobre la viabilidad y la operatividad de la democracia en los países desarrollados, donde ya había existido durante años.

La tercera ola de democratización.

Una vez más, sin embargo, la dialéctica de la historia se impuso sobre las teorías de las ciencias sociales. Durante los quince arios siguientes al fin de la dictadura portuguesa en 1974, en aproximadamente treinta países de Europa, Asia y América latina los regímenes autoritarios fueron reemplazados por otros democráticos. En otros países se produjo una considerable liberalización en los regímenes autoritarios. Y aun en otros, los movimientos en pro de la democracia ganaron fuerza y legitimidad. Aunque obviamente hubo resistencias y tropiezos, como en China en 1989, el movimiento hacia la democracia parece adquirir el carácter de una marea universal casi irresistible, que avanza de triunfo en triunfo. Esta marea democrática se manifestó primero en el sur de Europa. Tres meses después del golpe portugués, el régimen mi- litar que gobernaba Grecia desde 1967 cayó y fue reemplazado por un gobierno civil bajo el liderazgo de Constantin Karamanlis. En noviembre de 1974, el pueblo griego dio a Karamanlis y a su partido una decisiva mayoría en unas difíciles y caldeadas elecciones y al mes siguiente votaron de manera abrumadora contra la restauración de la monarquía. El 20 de noviembre de 1975, precisamente cinco días antes de la derrota de Eanes por el marxismo-leninismo en Portugal, la muerte del general Francisco Franco terminó con su gobierno de treinta y seis años en España. Durante los siguientes dieciocho meses, el nuevo rey, Juan Carlos, asistido por su primer ministro, Adolfo Suárez, se aseguró la aprobación popular y del Parlamento para una ley de reforma política que llevara a la elección de una nueva asamblea. La asamblea diseñó una nueva constitución, que fue ratificada por un referéndum en diciembre de 1978, y bajo su mandato tuvieron lugar las elecciones parla- mentarias en marzo de 1979. A fines de los arios setenta, la ola democrática avanzó hacia Latinoamérica. En 1977, los líderes militares de Ecuador anunciaron su deseo de ser reemplazados por los políticos; se diseñó una nueva constitución en 1978, y las elecciones de 1979 dieron paso a un gobierno civil. Un proceso similar de golpe militar condujo a la elección de una asamblea constituyente en 1978, a una nueva constitución en 1979 y a la elección de un presidente civil en 1980. En Bolivia, el poder militar produjo en cuatro arios confusos gol- pes militares y elecciones abortadas, que comenzaron en 1978, y la elección de un presidente civil en 1982. Ese mismo ario, vencido en la guerra con Gran Bretaña, se debilitó el gobierno militar argentino, y sobrevino la elección, en 1983, de un gobierno y un presi- dente civiles. Las negociaciones entre militares y políticos llevaron en Uruguay a la elección de un presidente civil en noviembre de 1984. Dos meses más tarde, el largo proceso de apertura que había comenzado en Brasil en 1974 alcanzó un punto decisivo con la elección del primer presidente civil desde 1964. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estaban dejando los puestos de gobierno en Centroamérica* en enero de 1982; los votantes salvadoreños eligieron a José Napoleón Duarte como presidente en una reñida y difícil elección, en mayo de 1984, y Guatemala eligió una asamblea constituyente en 1984 y un presidente civil en 1985. También el movimiento democrático tuvo sus manifestaciones en Asia. A comienzos de 1977, la primera democracia del Tercer Mundo, India, que había estado durante un ario y medio bajo un gobierno de emergencia, volvió al camino democrático. En 1980, como respuesta a la violencia y al terrorismo, las Fuerzas Armadas turcas tomaron el gobierno de aquel país por tercera vez. Sin embargo, en 1983, resolvieron alejarse y se eligió en las urnas un gobierno civil. Ese mismo año, el asesinato de Benigno Aquino puso en marcha la cadena de acontecimientos que llevaron, en 1986, al fin de la dictadura de Marcos y a la restauración de la democracia en Filipinas. En 1987, el gobierno militar de Corea sometió a su candidato a la presidencia a una campaña electoral muy difícil, y a una relativamente limpia elección, que aquél ganó. Al año siguiente, la oposición se aseguró el control del parlamento coreano. En 1987 y 1988, el gobierno de Taiwan rebajó significativamente las restricciones de la actividad política en aquel país, y se comprometió a la creación de un sistema politico democrático. En 1988 concluyó el gobierno militar de Paquistán y la oposición, liderada por una mujer, obtuvo una victoria electoral y tomó el control del gobierno. Al final de la década, la ola democrática penetró en el mundo comunista. En 1988, Hungría empezó la transición hacia un sistema multipartidista. En 1989, las elecciones para un congreso nacional Produjeron la caída de varios antiguos dirigentes del Partido Comunista, y un Parlamento nacional crecienternente independiente. A comienzos de 1990 empezaron a desarrollarse sistemas multipartidistas en las repúblicas bálticas y el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) abandonó su rol de guía. En 1989, el movimiento Solidaridad, en Polonia, ganó las elecciones para el parlamento nacional, y se creó un gobiernó no comunista. En 1990, el líder de Solidaridad, Lech Walesa, fue elegido presidente y reemplazó al general comunista Wojciech Jaruzelski. En los últimos meses de 1989 cayeron los regímenes comunistas de Alemania oriental, Checoslovaquia y Rumania, y en 1990 se realizaron elecciones en esos países. En Bulgaria también comenzó a liberalizarse el régimen comunista, y aparecieron movimientos populares en pro de la democracia en Mongolia. En 1990 se realizaron elecciones razonable- mente limpias en ambos países. Mientras tanto, de nuevo en el hemisferio occidental, el partido gubernamental mexicano ganó por primera vez por poco mar- gen las elecciones presidenciales en 1988, y perdió, por primera vez, el gobierno de un estado en 1989. El pueblo chileno votó en 1988 el referéndum para que terminara el gobierno del general Pinochet, y eligió al ario siguiente un presidente civil. La intervención de las fuerzas armadas norteamericanas terminó con la dictadura marxista-leninista en Granada en 1983 y con la dictadura militar del general Manuel Noriega en Panamá en 1989. En febrero de 1990, el régimen marxista-leninista de Nicaragua cayó tras la derrota electoral, y en diciembre de 1990 se eligió en Haití un gobierno democrático. Los años setenta y los comienzos de los ochenta contemplaron también la fase final de la descolonización europea. El fin del imperio portugués produjo cinco gobiernos no democráticos. En 1975, sin embargo, Papuasia-Nueva Guinea se independizó con un sistema político democrático. La liquidación de lo que quedaba del imperio británico, en su mayoría islas, produjo una docena de nuevas y minúsculas naciones, y casi todas mantuvieron instituciones democráticas, aunque en Granada esas instituciones debieron ser restauradas por medio de la intervención militar extranjera. En 1990, Namibia se independizó con un gobierno elegido en una elección supervisada internacionalmente. En Africa y en Oriente Medio, durante los arios ochenta, el movimiento en pro de la democracia fue limitado. Nigeria cambió 'in gobierno militar por otro elegido democráticamente en 1979, pero a su vez éste fue derrocado por un golpe militar a comienzos I de 1984. En 1990 hubo cierta liberalización en Senegal, Túnez, Argelia, Egipto y Jordania. En 1978, el gobierno de Sudáfrica comenzó un lento proceso de reducción del apartheid y de ampliación de la participación política para las minorías no blancas, pero no para la aplastante Mayoría negra de ese país. Tras una interrupción y la elección de F. W. de Merk tomo presidente, el proceso culminó en 1999 con negociaciones entre el gobierno y el Congreso Nacional Africano. En 1990 hubo cambios democráticos en Nepal, Albania y otros países, cuya experiencia previa con la democracia había sido modesta o no había existido.

Lo más importante es que el movimiento hacia la democracia ha sido un movimiento universal. En quince arios, la ola democrática se trasladó por Europa del Sur, de allí saltó a Latinoamérica, se trasladó a Asia y diezmó las dictaduras del bloque soviético. En 1974, ocho de los diez países sudamericanos tenían gobiernos no democráticos. En 1990, nueve tenían gobiernos elegidos democráticamente. En 1973, según estimaciones de Freedom House, el 32 % de la población mundial vivía en países libres; en 1976, como resultado de un gobierno de emergencia en India, menos del 20 % de la población mundial pertenecía al mundo libre. En 1990, por el contrario, cerca del 39 % de la humanidad vivía en sociedades libres. En cierto sentido, las olas y contraolas de democratización sugieren el modelo de dos pasos adelante y uno atrás. Las fechas de cada contraola han eliminado algunas, pero no todas, las transiciones a la democracia de la ola previa de democratización. Sin embargo, la columna final en el cuadro 1.1 sugiere un pronóstico menos optimista para la democracia. Los estados toman diversas formas y dimensiones, y en la segunda posguerra se duplica el número de estados independientes. También la proporción de estados democráticos en el mundo muestra una considerable regularidad. En los intervalos entre las dos olas de democratización, el 19,7 % y el 24,6 % de los países del mundo eran democráticos. En la cresta de las dos olas, el 45,3 % y el 32,4 % de los países del mundo eran democráticos. En 1990, escasamente el 45,0 % de los países independientes tenían sistemas democráticos, el mismo porcentaje que en 1922. Obviamente, que Granada sea democrática tiene un impacto menor que el hecho de que China lo sea, y los porcentajes de países democráticos no tienen todos el mismo significado. Por añadidura, entre 1973 'y 1990 la cantidad absoluta de estados autoritarios disminuyó por primera vez, aun cuando la tercera ola de democratización todavía no ha aumentado la proporción de estados democráticos por encima del nivel alcanzado anteriormente, en la cresta de 68 años atrás.

 

Cuadro 1.1 La democratización en el mundo moderno
Año	Estados democráticos	Estados no democráticos	Total de Estados	Porcentaje total de estados democráticos
1922	29	35	64	45.3
1942	12	49	61	19,7
1962	36	65	111	32,4
1973	30	92	122	24,6
1990	58	71	129	45,0

 Nota: En la estimación que antecede se han omitido los países cuya población no alcanza al millón de habitantes. 

Samuel P. Huntington. La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX. (1994). Paidós. Barcelona

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Poder y responsabilidad

    Como el poder es un fenómeno específicamente humano, el sentido que se le dé, pertenece a su propia esencia. 

 Con esto no queremos decir tan sólo que el proceso del ejercicio del poder está dotado de sentido. También el mismo efecto natural posee sentido. Nada hay en el que no lo tenga. En primer lugar, posee el sentido más elemental, el de la causalidad, según el cual ningún efecto se produce sin una causa eficiente y el de la finalidad, según el cual todo elemento de la realidad está inserto en la relación parte-todo. A ello hay que agregar el sentido propio de las especiales formas estructurales y funcionales, tal como se encuentran en las conexiones físicas, químicas, biológicas, etc. Pero queremos decir más aun, a saber: que la iniciativa que ejerce el poder le dota a este de sentido.

El poder es algo de que se puede disponer. No está ya de antemano, como la energía de la naturaleza, en una relación necesaria de causa a efecto, sino que es introducido en tal relación por el que obra. Así, por ejemplo, los efectos de la energía solar se transforman en la planta, necesariamente, en unos determinados efectos biológicos: crecimiento, color, asimilación, movimiento, etc. En cambio, las fuerzas cuyo empleo produce una herramienta deben ser dirigidas por el obrero hacia ese fin. Están a su disposición, y él, mediante sus conocimientos, sus planes y sus manipulaciones, las dirige hacia el fin que se ha propuesto.

  Esto significa, por otro lado, que las energías dadas como naturales pueden ser usadas a discreción por el espíritu que las maneja. Este puede emplearlas para el fin que se propone, sin que importe el que éste sea constructivo o destructor, noble o vil, bueno o malo.

No existe, pues, poder alguno que tenga ya de antemano un sentido o un valor. El poder sólo se define cuando el hombre cobra conciencia de él, decide sobre él, lo transforma en una acción, todo lo cual significa que debe ser responsable de tal poder.

No existe ningún poder del que no haya que responder. De la energía de la naturaleza nadie es responsable; o mejor dicho, tal energía no actúa en el ámbito de la responsabilidad, sino en el de la necesidad natural. Pero no existe un poder humano del que nadie sea responsable.

El efecto del poder es siempre una acción o, al menos, un dejar hacer, hallándose, en cuanto tal bajo la responsabilidad de una instancia humana, de una persona. Esto ocurre así aun en el caso de que el hombre que ejerce el poder no quiera la responsabilidad.

Más aún, eso ocurre aunque las cosas humanas estén en tal desorden o en tal falso orden que no resulte posible nombrar a ningún responsable. Cuando esto último sucede, cuando a la pregunta “¡Quién ha hecho esto!”, no responden ya ni un “yo” ni un “nosotros”, es decir, ni una persona ni una colectividad, el ejercicio del poder parece convertirse en un efecto de la naturaleza. Se tiene la impresión de que esto ocurre cada vez más frecuentemente, pues en el decurso de la evolución histórica del ejercicio del poder se hace de día en día más anónimo. La progresiva estatificación de los acontecimientos sociales, económicos y técnicos, así como las teorías materialistas que interpretan la historia como un proceso necesario, significan, desde nuestra perspectiva, el ensayo de suprimir el carácter de la responsabilidad, y de desligar el poder de la persona, convirtiendo su ejercicio en un fenómeno natural. En realidad, el carácter esencial del poder, en cuanto es una energía de la que responde una persona, no queda suprimido, sino sólo pervertido. Este estado se convierte en una culpa y produce efectos destructores.

Por sí mismo el poder no es ni bueno ni malo; sólo adquiere sentido por la decisión de quien lo usa. Más aun, por sí mismo no es ni constructivo ni destructor, sino sólo una posibilidad para cualquier cosa, pues es regido esencialmente por la libertad. Cuando no es esta la que le da un destino, es decir, cuando el hombre no quiere algo, entonces no ocurre absolutamente nada, o surge una mezcla de hábitos, impulsos inconexos, instigaciones ocasionales, es decir, aparece el caos.

El poder significa, en consecuencia, tanto la posibilidad de realizar cosas buenas y positivas como el peligro de producir efectos malos y destructores. Este peligro crece al aumentar el poder; este es el hecho que, en parte de un modo súbito y aterrador, se ha introducido en la conciencia de nosotros, los hombres de hoy. De aquí puede surgir también el peligro de que sobre el poder disponga una voluntad dotada de una orientación moral falsa, o que acaso no obedezca ya a ninguna obligación moral. E incluso puede ocurrir que, detrás del poder, no este ya una voluntad a la que puede apelarse, una persona que responda, sino una mera organización anónima, en la cual cada uno sea conducido y vigilado por instancias próximas, encontrándose así aparentemente dispensado de toda responsabilidad. Esta forma del peligro que el poder representa se vuelve especialmente amenazadora cuando, como hoy ocurre, se va haciendo cada vez más débil el sentimiento que inspiran la persona, su dignidad y su responsabilidad, los valores personales de la libertad, del honor, del carácter originario de su obrar y existir.     

Romano Guardini. El poder (1957) Ediciones Cristiandad, 1977

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La naturaleza del Estado

I

Todo ciudadano del mundo moderno es súbdito de un Estado. Está legalmente obligado a obedecer sus órdenes, y los perfiles de su vida son marcados por las normas que el Estado impone. Estas normas son las leyes; y en el poder de exigirlas a todos los que viven dentro de sus fronteras, radica la esencia del Estado. Todas las demás asociaciones son de carácter voluntario, y solo pueden obligar al individuo en tanto éste consiente en ser miembro de ellas. Pero una vez que una persona reside en un Estado determinado, no tiene legalmente otra alternativa que obedecer sus mandatos. Estos, con su carácter legal, son superiores a las exigencias de cualquier otra sociedad. El Estado, por decirlo así, es la cúspide de todo el edificio social moderno; y su supremacía sobre todas las demás formas de agrupación social es lo que caracteriza su naturaleza especial. 

El Estado es, de esta suerte, un modo de regular la conducta humana. Cualquier análisis de su carácter lo revela como un método para imponer principios de conducta, con los cuales los hombres deben ordenar sus vidas. El Estado nos manda no robar; y castiga toda violación a esa orden. Establece un sistema de imperativos, y usa la coacción para asegurar la obediencia a ellos. (...)

Resulta pues, que el Estado es una sociedad de individuos sometidos por la fuerza, si fuese necesario, a un determinado género de vida, Toda la conducta de la sociedad debe amoldarse a ese género de vida. Las reglas que establecen su carácter son leyes del Estado, y por una lógica evidente gozan necesariamente de primacía y son soberanas sobre todas las demás reglas. En esta sociedad, los individuos que hacen y obligan a cumplir las leyes constituyen el Gobierno, y aquel conjunto de disposiciones que regula: primero, cómo han de hacerse las leyes; segundo, de qué modo han de modificarse, y tercero, quién las ha de establecer, se denomina Constitución del Estado. (...)

IV

Expongamos nuestro problema central de otra manera. El Estado, como hemos dicho, es un modo de regular la conducta humana. Es un orden legal, cuyas normas ligan la conducta de los hombres de cierta manera, con preferencia a otras. Su acción es sencillamente una acción imperativa, que ninguno de los ciudadanos debe legalmente rehuir. ¿Cómo posee ese poder? Es difícil buscar una explicación,  a no ser en términos funcionales. El poder del Estado solo puede justificarse en términos de lo que trate de hacer. Su ley debe ser capaz de justificación en los términos mismos de las demandas que trata de satisfacer. El Estado preside un vasto conjunto de intereses, personales y corporativos, que rivalizan entre sí. Su derecho a la obediencia debe estar cimentado en un poder de dar carácter máximo de respuesta a las demandas  sociales. Debe atender a tal cúmulo de intereses, que los que resulten satisfechos sean más que los garantizados en otro sistema cualquiera. No se puede decir en que proporción deben ser atendidos, porque cada época valúa las cosas de un modo diferente. (...) Sólo podemos argüir que los imperativos legales pueden ser impuestos cuando su actuación satisface el mayor número de necesidades humanas con un sacrificio mínimo. Entonces se plantea el problema de moldear las instituciones con que opera el Estado del modo más conveniente para la mejor consecución de este fin.

Harold J. Laski. Introducción a la política (1917). Buenos Aires, 1970, Ediciones Siglo XX, cap I

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La política

Unas páginas más arriba apuntábamos la idea (…) según la cual (…la política) encuentra en el conflicto un elemento constitutivo fundamental…

Ahora es también obvio que si la política contiene esa dimensión de conflicto como una dimensión esencial e inerradicable (…) no puede tampoco agotar el espacio de la política y su definición: no hay ni podría haber política en una sociedad donde solo hubiera división y antagonismo. De ahí que (…) apunte inmediatamente un segundo elemento constitutivo de la política: el poder, que ofrece a ese mismo cuerpo social escindido o dividido una no menos necesaria articulación, e instituye de ese modo, por encima del conflicto y a pesar de él, un espacio común entre los hombres. Así la política aparece definida en el espacio delineado por estos dos grandes “principios generadores” de cualquier sociedad: el conflicto y el poder. O, si se prefiere: la división y la articulación, la apertura y el cierre, el desorden y el orden. (…)

La palabra “política” es ambivalente no porque esté necesitando una “definición” más precisa, sino porque aquello que nombra, involucra una tensión inerradicable.

En efecto, contra quienes reducen la política [...] al mero funcionamiento de la maquinaria institucional, pero también contra quienes buscan la política solamente en las prácticas de oposición a esos dispositivos, sostendré acá que el conflicto y la tensión entre la idea de la política entendida como práctica institucional de administración de las sociedades y la idea de la política entendida como antagonismo y lucha es constitutiva de la política misma. Que el espacio de la política se define exactamente en esa tensión, en ese punto de cruce entre las instituciones formales y las prácticas sociales, entre las "instituciones políticas" y las "acciones políticas", entre los poderes constituidos de los Estados y el poder constituyente de la multitud, entre las instituciones y los acontecimientos, entre la autoridad y la novedad. O, si quisiéramos volver ahora sobre los dos “principios generadores” de los que (…) hablaba (…) unas páginas más atrás: entre el poder y el conflicto. Que no constituyen sino las dos partes de una unidad inseparable, y que no pueden pensarse, en consecuencia, sino en su mutua relación. La política es siempre, en efecto, la actividad o el conjunto de actividades desarrolladas en ese espacio de tensión que se abre entre las grietas de cualquier orden precisamente porque ningún orden agota en sí mismo todos sus sentidos ni satisface las expectativas que los distintos actores tienen sobre él.

Eduardo Rinesi. Política y tragedia.  Buenos Aires, Colihue, 2003

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Miradas sobre la política

La política es un fenómeno de la vida de la vida social de la que participan la ciudadanía y distintas organizaciones y fuerzas políticas integradas por individuos de diferentes valores e intereses que intervienen en el espacio público.  La política se desarrolla en un espacio tensionado por el poder, el orden y el conflicto que nace de las diferencias de esos valores e intereses.

Los siguientes fragmentos forman parte del video El poder de la política de la serie En el medio del poder producido por Canal Encuentro y conducido por la mirada periodística de Gisela Busaniche.

   La política 1
   La política 2
   La política 3
   La política 4 
   
  

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Derechos Humanos

La serie "Enfoque de Derechos Humanos" consta de un conjunto de clips elaborados por la agencia berlinesa Edeos (educación digital) con el apoyo de la Cancillería Alemana.

El abordaje de la problemática sobre los Derechos Humanos incluye un clip de introducción y uno sobre cada una de las tres dimensiones de los Derechos Humanos.

La primera dimensión se refiere a los Derechos Políticos y Civiles, la segunda dimensión se vincula con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la tercera, con los Derechos Colectivos.
Los clips analizan además otras cuestiones relacionadas tales como la historia de los Derechos Humanos, la vigencia o violación de los mismos, o el papel de las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Derechos Humanos
Historia. Derechos de primera generación 
Derechos de la mujer. Derechos de segunda generación

Derechos de tercera generación

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Max Weber. El Estado: monopolio legítimo de la coacción física

Una asociación de dominación debe llamarse asociación política cuando y en la medida en que su existencia y la validez de sus dominaciones, dentro de un ámbito geográfico determinado, estén garantizadas de un modo continuo por la amenaza y la aplicación de la fuerza física por parte de un cuadro administrativo.

Por Estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente. [ ... ]

En las asociaciones políticas no es la coacción física e! único medio administrativo, ni tampoco el normal. Sus dirigentes utilizan todos los medios posibles para la realización de sus fines. Pero su amenaza y eventual empleo es ciertamente su medio específico y, en todas partes, la última ratio cuando los demás medios fracasan.

Max Weber. Economía y sociedad (1921). México, Fondo de Cultura Económica, 1992

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Carl Schmitt. El criterio amigo-enemigo como distintivo de la política

Una definición conceptual de lo político puede obtenerse sólo mediante el descubrimiento y la verificación de categorías específicamente políticas. (…)

La diferenciación específicamente política, con la cual se pueden relacionar los actos y las motivaciones políticas, es la diferenciación entre el amigo y el enemigo. Esta diferenciación ofrece una definición conceptual, entendida en el sentido de un criterio y no como una definición exhaustiva ni como una expresión de contenidos. En la medida en que no es derivable de otros criterios, representa para lo político el mismo criterio relativamente autónomo de otras contraposiciones tales como el bien y el mal en lo moral; lo bello y lo feo en lo estético, etc. (…) La diferenciación entre amigos y enemigos tiene el sentido de expresar el máximo grado de intensidad de un vínculo o de una separación, una asociación o una disociación. Puede existir de modo teórico o de modo práctico, sin que por ello y simultáneamente todas las demás diferenciaciones morales, estéticas, económicas, o de otra índole, deban ser de aplicación. El enemigo político no tiene por qué ser moralmente malo; no tiene por qué ser estéticamente feo; no tiene por qué actuar como un competidor económico y hasta podría quizás parecer ventajoso hacer negocios con él. Es simplemente el otro, el extraño, y le basta a su esencia el constituir algo distinto y diferente en un sentido existencial especialmente intenso de modo tal que, en un caso extremo, los conflictos con él se tornan posibles, siendo que estos conflictos no pueden ser resueltos por una normativa general establecida de antemano, ni por el arbitraje de un tercero "no-involucrado" y por lo tanto "imparcial". (…)

El enemigo no es, pues, el competidor o el opositor en general. Tampoco es enemigo un adversario privado al cual se odia por motivos emocionales de antipatía. "Enemigo" es sólo un conjunto de personas que, por lo menos de un modo eventual — esto es: de acuerdo con las posibilidades reales — puede combatir a un conjunto idéntico que se le opone. Enemigo es solamente el enemigo público, porque lo que se relaciona con un conjunto semejante de personas — y en especial con todo un pueblo — se vuelve público por la misma relación.

Al concepto de enemigo y residiendo en el ámbito de lo real, corresponde la eventualidad de un combate. En el empleo de esta palabra hay que hacer abstracción de todos los cambios accidentales, subordinados al desarrollo histórico, que ha sufrido la guerra y la tecnología de las armas. La guerra es el combate armado entre unidades políticas organizadas; la guerra civil es el combate armado en el interior de una unidad organizada (unidad que se vuelve, sin embargo, problemática debido a ello).(…) La guerra proviene de la enemistad puesto que ésta es la negación esencial de otro ser. La guerra es solamente la enemistad hecha real del modo más manifiesto. No tiene por qué ser algo cotidiano, algo normal; ni tampoco tiene por qué ser percibido como algo ideal o deseable. Pero debe estar presente como posibilidad real si el concepto de enemigo ha de tener significado.

Consecuentemente, de ninguna manera se trata aquí de sostener que la existencia política no es más que una guerra sangrienta y cada acción política una operación de combate militar; (…) La definición de lo político aquí expuesta no es ni belicista, ni militarista, ni imperialista, ni pacifista. Tampoco constituye un intento de presentar a la guerra victoriosa, o a la revolución triunfante, como un "ideal social", ya que ni la guerra ni la revolución constituyen algo "social" o "ideal".

Al Estado, en su calidad de unidad política esencial, le corresponde el jus belli; es decir: la posibilidad real, de determinar, y dado el caso de combatir, a un enemigo en virtud de una decisión autónoma. (…)
Sin embargo, la tarea de un Estado normal consiste en lograr, por sobre todo, una pacificación completa dentro del Estado y su territorio; construir "la tranquilidad, la seguridad y el orden" para crear con ello la situación normal que es condición para que las normas jurídicas puedan imperar en absoluto desde el momento en que toda norma presupone una situación normal y ninguna norma puede ser válida en una situación que la desafía de modo completamente anormal.
Esta necesidad de lograr la pacificación intra-estatal conduce, en situaciones críticas, a que el Estado como unidad política en si, mientras existe, pueda también determinar al "enemigo interno". Es por ello que en todos los Estados, bajo alguna forma, existe lo que el Derecho Público (…)conoció como (…) formas de repudio, ostracismo, exclusión, (…) alguna forma de declarar un enemigo interno, ya sea con medidas más severas o más benignas; vigentes ipso facto o establecidas de modo jurídico mediante leyes especiales; ya sea manifiestas o encubiertas en descripciones genéricas.

Fuente: Carl Schmitt. El concepto de lo político. Madrid, Alianza, 2009

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John Rawls. La política, un orden regulado por la justicia

Para Rawls, la sociedad es una asociación más o menos autosuficiente de personas que en sus relaciones reconocen ciertas reglas de conductas como obligatorias y que en su mayoría actúan de acuerdo con ellas. Estas reglas especifican un sistema de cooperación planeado para promover el bien de aquellos que forman parte de él. Se trata de una empresa cooperativa para obtener ventajas mutuas, frente al el conflicto y la diversidad de intereses. La cooperación posibilita un mejor modo de vida que el que tendríamos si tuviéramos que valernos solamente de nuestros propios esfuerzos.

Así como la verdad es la prioridad de todo sistema de pensamiento, la justicia ha de ser la primera virtud de las instituciones sociales, por encima incluso del bienestar de la sociedad. Como en el caso de la verdad, la justicia no puede estar sujeta a transacciones. La justicia es, pues, el único valor que puede definir una "sociedad bien ordenada‖.

El objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad.

Los principios de justicia, definidos así como principios de justicia distributiva, proporcionan un modo para asignar derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad, y definen la distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la cooperación social.

En este enfoque, el objeto primario de la justicia no se dirige, en principio, a instituciones o prácticas sociales concretas (por ejemplo, la situación económica de cada miembro de la sociedad), sino a la "estructura básica de la sociedad", es decir, a las instituciones sociales más importantes. Por "instituciones sociales más importantes" entiende Rawls la constitución política y las principales disposiciones económicas y sociales, que se concretan en derechos como la libertad política (votar, desempeñar cargos públicos), la libertad de expresión y reunión, la protección jurídica de la libertad de pensamiento y de conciencia, la competencia mercantil, la propiedad privada de los medios de producción o la familia monogámica.

En base a textos de John RAWLS.

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